Esta web tiene la intención de denunciar el creciente problema de la inquiokupación. Los casos expuestos son y serán anónimos: eliminaremos cualquier referencia reconocible, tanto de los arrendadores como de los arrendatarios/inquiokupas. Aunque podremos incluir enlaces a otras páginas que conlleven cierta veracidad: noticias, etc.
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El gobierno y su plan para resolver la crisis de la vivienda... no nos fiamos de los políticos, pero siempre había cierta esperanza de que, por casualidad, tomasen buenas decisiones.
Pero no: es más de lo mismo. No importa cuánto se esfuerce el presidente en parecer elocuente, resolutivo y competente, las decisiones de su gobierno muestran un panorama completamente distinto.
La mayoría de las doce medidas del plan de vivienda suenan a más de lo mismo, a la misma política que ha hecho empeorar la situación en la última década.
Pero ¡hay que subirles los impuestos a los británicos! ¡Así solucionaremos el problema! No. Los números no justican estas decisiones; representando alrededor del 1,5% de compraventas (más o menos, según el año), el centrarse en ellos no parece más que una distracción. Esto no es Vancouver en 2016, donde sí tenía sentido. Lo que plantean no son soluciones, son intentos de echar balones fuera. ¿El ejemplo más radical? La obsesión con los pisos turísticos —un problema, especialmente a nivel local, que se debería tratar... pero por otros motivos, no porque se postule como una causa principal del problema de la vivienda.
Y cuando ya se han echado las culpas a otros, ¿porqué no seguir prometiendo la construcción de vivienda pública un año más? Eso sí, por favor, olvidemos las promesas pasadas al respecto, esas promesas incumplidas en todos esos años anteriores.
Ah, y también olvidemos el ofrecer cierta seguridad jurídica al arrendador... ¡el hecho de que dependan de un creciente ecosistema de empresas oportunistas para intentar amortiguar el verdadero problema de la inquiokupación seguro que no afecta al precio de la vivienda, de forma alguna!
Qué horror.
Está claro que lo de los inquiokupas afecta a pequeños propietarios. A su salud mental y económica. Los grandes tenedores y los fondos buitres se pueden permitir lidiar con gentuza, alguna veces siendo de su misma calaña. El daño que sufren es un porcentaje de sus ingresos, y su uso de abogados es un reflejo. Números que no afligen un dolor directo.
Con todo, esto no justificaría la inquiokupación de viviendas de grandes tenedores. Y el Estado debería proteger a todos los propietarios, sin excepción. Pero es inevitable que el abuso de pequeños propietarios conlleve una indignación mucho mayor.
Y así, desde esa indignación, también se vislumbra otro nivel de injusticia social. Los políticos, esos chupópteros conectados, jamás se enfrentarán al verdadero daño psicológico de la inquiokupación. ¿Porqué? Porque para ellos, el proceso será de unos meses. También porque el inquiokupa se aprovecha del débil, y tonto sería el inquiokupa que inquiokupase una propiedad de un político de medio o alto nivel. ¿Cuán estúpido sería el inquiokupar el piso de un juez de lo civil? Igual.
Sí, este el país donde un amiguete te puede colar una cita mañana con la Seguridad Social en vez de tener que esperar, por cauces oficiales, dos meses para una simple gestión. Y si proyectamos esta situación a las gentes influyentes, gentes de medianos y grandes poderes, es fácil intuir que un contacto con alguien en el juzgado hará que los cuelen, acortando procesos de años a meras semanas (vamos, como debería ser para todo quisqui). Es obvio que el político conectado no sufre el estancamiento de la justicia.
Repetimos una vez más: la justicia lenta no es justicia.
Hay políticos que alquilan sus propiedades. Muchos, diríamos —sin tener acceso a datos concretos. ¿Les preocupa mucho la inquiokupación? No. La inseguridad jurídica del país no les afecta. Porque ellos siempre tienen un atajo.
Con la patética situación de España en lo que respecta a los derechos de propietarios y alquilados, miles de empresas han empezado a aparecer, con la intención de ayudar con (o aprovecharse de) la desesperación de muchos.
Este es el caso de las empresas de seguro de alquiler, mediadoras de alquiler, o gestión de cobros y deudas especializadas en el sector inmobiliario. Y, por supuesto, las más características de la situacion: las empresas de desokupación. Las que prometen hacer lo que debería hacer la policía rápidamente, y no después de tres años de juicios.
Estas empresas están haciendo su Agosto.
Nosotros no confiamos en ellas. Sin tener en cuenta sus posicionamientos ideológicos, ni la moralidad de los métodos que prometen, estas empresas resultan ser bastante inútiles. Sobre todo cuando hay un contrato firmado. Vamos, con inquiokupas.
En estos casos, las empresas de desokupación no son mucho más que un grupo de hombres musculados que hacen su teatrillo para conseguir amedrentar a los inquiokupas. Vamos, meros asustaviejas. Pero los verdaderos inquiokupas (la gentuza que planea abusar del sistema durante años, no la gente que lo está pasando mal cirscunstancialmente) no se amedrentarán con un espectáculo de falsa autoridad.
Una técnica que algunas veces usaron, técnica que parece estar cayendo en desuso por intervención policial, es la del ‘control de acceso’. Lo que implica que impiden el acceso a la vivienda a los inquiokupas. Esta técnica es sólo útil en casos de okupación.
El que la policía impida el uso de estas técnicas con inquilinos morosos es lógico. Pero sería menos hiriente si el proceso del lanzamiento no conllevase una tortura de varios años de duración.
Y así, con la situación actual, las empresas de desokupacíon no pueden hacer mucho más que mediar, y ofrecer dinero del propietario a los inquiokupas para que se vayan. Su mediación puede ser útil si el propietario no puede enfrentarse a sus inquiokupas; algo lógico y habitual, considerando las ansiedades y problemas mentales que supone el lidiar con inquiokupas durante años.
En cualquier caso, muchas de estas empresas prometen más de lo que ofrecen, y falsean sus porcentajes de éxito. Muchas se dedican, símplemente, a quedarse con los varios miles de euros del propietario, hacer su teatrillo, y justificar su fracaso culpando a la situación legislativa.
No todas las empresas en este sector emergente son así. Pero abunda la deshonestidad. Y muchas son una estafa; no mejores que los inquiokupas.
Estas empresas no deberían tener razón de ser. Si ley y justicia funcionasen en España, no tendrían cabida.
De nuevo, estas cosas no pasarían sin la incompetencia y el mangoneo de los políticos.
En fin, esperemos que los Reyes Magos traigan una solución. Y es que la esperanza respecto a la situación de la vivienda ya se reduce a ser una fantasía.
No hace mucho tiempo, cualquier abogado te disuadía de tomarte la justicia por tu propia mano cuando te enfrentabas a una situación de inquiokupación. La tendencia contraria está en auge: más y más, se da la sugerencia velada de tomar medidas contra inquiokupas sin seguir canales legales. Siempre advirtiendo que no es una "recomendación oficial".
Esto no es un síntoma de que haya más abogados sin principios que antes. No. Se trata de un síntoma de la situación lamentable de la justicia en España. Situación en la cual es mucho más saludable el enfrentarse a una querella por coacción que pasar años esperando a un proceso civil que acabará con el dinero, la salud y el tiempo del propietario.
Así, estamos de acuerdo con la abogada Bárbara Royo, que comentando un caso de inquiokupación en "En boca de todos" decía: "Si a mí me okuparan la casa, cometería un delito de coacciones. No lo recomiendo, pero si a mí me okuparan la casa, yo cometería un delito de coacciones y que me condenase su señoría a pagar la multa. Cambiaría la cerradura, les cortaría la luz y el agua y a la puta calle."
Y estamos de acuerdo con ella, aunque "no lo recomiende", porque la ruta de la justicia es injusta. La justicia es tan lenta y falla tanto, que muchas veces parece que no hay otra opción que tomarse la justicia por la mano. Es terrible, pero es lo que hay.
En cualquier caso, "no lo recomendamos".
La inquiokupa, una de las dos personas responsables de más de dos años de ansiedad, amargura, y de mi exilio de Madrid, es una agente trabajando para una inmobiliaria de ámbito nacional.
Ella tiene buenas y malas reseñas (aunque la buena sea de su amiga del pádel):
Era un dato que ya conocíamos, pero nos parecía que se dedicaba más a la venta. Ahora que parece que se centra más en el alquiler, resulta un caso más interesante aún, al ser a su vez una inquilina que lleva más de dos años sin pagar.
La empresa para la que trabaja bien sabe que es una morosa: el mediador en el alquiler del piso que ahora inquiokupan, un colega de profesión, llegó a contactar con la empresa para informarles. Fue hace más de un año, cuando ya llevaban más de un año impagado. Él explicó a la empresa la situación que su empleada estaba creando, y lo único que recibió como contestación de esa inmobiliaria fueron amenazas de pleito. Lógicamente, el mediador no quería problemas, y se olvidó del tema.
Todo empezó cuando esta pareja estaba a la búsqueda de un piso en Madrid. El piso, de cierto lujo, de tres habitaciones y 150 metros cuadrados, era probablemente excesivo para sólo dos personas.
Pero su marido, un francés, mostró haber ganado aproximadamente 150.000 euros el año anterior, enseñando una copia de la declaración de impuestos francesa. Habría que ver si hubo falsificación documental; o si no, dónde han tirado o escondido ese dinero. Ella tenía, y tiene (a menos que lo haya alzado ya), un piso en propiedad. Con la documentación aportada, hicieron pensar que no iban a suponer el gran problema que han creado.
Decían venir de Cantabria, donde ahora imaginamos habrían dejado un pufo similar.
Y la misma historia que en muchos casos de inquiokupación aconteció: después de pagar menos de un año, dejaron de pagar. Con muchas promesas de "se va a solucionar" y "me va a llegar un gran ingreso". Se habló con ellos, con la intención de perdonarles los meses que debían si se iban.
Obviamente, se negaron a marcharse. Como sabían muy bien que podían vivir varios años gratis, ¿porqué se iban a ir?
Él, directamente, dijo "denúncianos, no lo lucharé". Lo que, técnicamente, es verdad; porque fue ella la que apeló, y la que sigue utilizando toda clase de tretas para alargar la agonía.
Su apelación, completamente absurda, sólo pretendía alargar el proceso. Un año gratis más, ¡por lo menos!
Lógicamente, la juez desestimó dicha apelación y les condenó, incluyendo costas, tras el juicio. Juicio al que ni se dignaron a ir.
Y la verdad, es que no son especialmente inteligentes. No hay que serlo: aprovecharse de la lentitud del sistema judicial y el desamparo de los propietarios es algo trivial.
Cada paso, de los muchos que hay que dar hasta el lanzamiento, lleva meses de espera.
Tampoco son especialmente violentos. Salvando veladas amenazas, una llamada a la policía por ruidos, y causar el constante malestar general de los vecinos, llevan un perfil bajo. Aunque irrita mucho el ver cómo ella se enajena y da portazos cuando se les pide que se vayan de una vez: como si fuese su derecho el seguir viviendo gratis en un piso de lujo, después de más de dos años sin pagar. En fin, será que habrá crecido en un hogar sin consecuencias, donde la culpa siempre la tienen otros.
A día de hoy, con 28 meses impagados y una deuda que ya llega a los 52 mil euros, con la ejecución ya firmada por la juez, se sigue esperando que se señale una fecha para el lanzamiento. Aunque cada vez les van quedando menos opciones, conociendo a la inquiokupa en cuestión, no sorprendería que utilizase otra de sus tretas para sacar otro añito de alquiler gratis. Probablemente intentarán, de nuevo, ser declarados vulnerables. Eso explicaría que él haya empezado a ir en silla de ruedas, aunque se le vea caminar cuando creen que no le ven. La última vez ni le abrieron la puerta a la trabajadora social.
En el marco legal existente en España, considerando los plazos de la justicia, no sorprende que haya casos así. Casos de gentuza claramente explotando el sistema y aprovechándose de otros, hasta el máximo posible. Y tampoco sorprende que arrendadores inquiokupados recurran a empresas de desokupación; e incluso a tomarse la justicia por su mano.
Pero nosotros queremos creer en la justicia. Se hace difícil.
Y así, ahí siguen, la parejita viviendo gratis en un piso de tres habitaciones y yendo a jugar al pádel a La Moraleja.
Nunca se irán voluntariamente.
Probablemente se irán el día anterior al lanzamiento. Ya se verá... si es que vivimos para ver ese día.
Bueno, al menos, ella no ha dejado de trabajar. Ni de robar.
Que sí, que sí. Que el término ‘inquiokupa’ no tiene significado legal. Que son ‘inquilinos morosos’ a ojos de la ley. Pero lo mismo se puede decir de ‘okupa’, que serían ‘usurpadores’. O ‘allanadores’.
Pero creemos que ‘inquiokupa’ trasmite mucho más que ‘inquilino moroso’. Ambos términos, aunque se solapan, tampoco aportan exactamente el mismo significado. Sus connotaciones son muy distintas.
En nuestra opinión, hay una escala de grises. Existe mucha gente en situación de precariedad a la que no le queda otra que dejar a deber varios meses. Y creemos que los propietarios deben ser relativamente comprensivos con situaciones de morosidad; aunque siempre recomendamos iniciar el proceso judicial lo antes posible.
Más allá de esa precariedad, está el perfil del ‘inquiokupa’, que:
El perfil del inquiokupa está cambiando. Antes, mostraban patrones más evidentes:
En resumen, creemos si ya llevan más de seis meses de impago, se niegan a irse, y cortan toda comunicación con el propietario, ya se pueden considerar ‘inquiokupas’.
Ser inquiokupa es fácil, y sale gratis. Aún con falsificación documental, aún presentando alegaciones sin ninguna base para alargar los procesos judiciales, la mayoría de los propietarios nunca se meterán en querellas. La gente no quiere problemas. No pasará de lo civil. Y si pasa a lo penal, los estafados lo tienen muy difícil para demostrar la estafa.
En España, y en el sector inmobiliario, sobre todo en lo que respecta a pequeños arrendadores, practicamente no hay seguridad jurídica. Esto se debe fundamentalmente al colapso de la justicia, pero también a la legislación de estos últimos años.
La lentitud de los juzgados va por zonas, pero los mínimos actuales para el lanzamiento de inquiokupas es de en torno a un año. Y eso es en el mejor de los casos. Aún sin vulnerabilidad, tres años ya resulta bastante común. Con situación de vulnerabilidad, se pueden llegar a los cinco y más años.
Alguien sin principios morales puede llegar a decir que "pagar alquiler es de tontos". Y, efectivamente, así parece, considerando que la mayoría de los pequeños arrendadores seguirá cauces legales, y que un inquiokupa tiene toda clase de herramientas para disfrutar de años de alquiler gratis.
En estas condiciones, el mercado del alquiler inmobiliario se acabará reduciendo a propietarios buitres (los únicos con capacidad de aguantar y defenderse en un panorama legal tan estropeado, que serán mayoritariamente empresas), y a inquilinos explotados, o rechazados por el miedo generado por la presencia sostenida de tanta gentuza que se aprovecha para vivir gratis del pequeño arrendador.
Con menos viviendas en el mercado, los alquileres seguirán subiendo. Aún más. Y bueno, empresas de desokupación y de ‘alquileres seguros’ seguirán haciendo su Agosto, mientras los juzgados sigan de vacaciones.
Entretanto, los políticos seguirán prometiendo.
La ley de juicios exprés, establece que los casos de usurpación y allanamiento de morada tengan juicios rápidos. Hablan de plazos de dos semanas, desde la denuncia al juicio.
Esto suena muy bien, pero, en la práctica, no parece que vaya a cambiar mucho:
El gran problema de la lentitud en la justicia no va a ser resuelto mágicamente por esta ley. A primera vista, parece que poco va a cambiar.
Y, por supuesto, esta ley no afectará, de manera alguna, a los casos de inquiokupación, o inquilinos morosos. Estos van por lo civil, aunque algunos sean mucho más parecidos a estafas que a impagos justificables.
Así, si alguien quiere resolver su problema de inquiokupación por la vía legal, le seguirá llevando dos años de penurias. O más.
Muchas veces se olvida que los grandes daños que los inquiokupas causan no son meramente económicos.
Incluso en el caso de arrendadores con la capacidad de sobrellevar el golpe económico de años de inquiokupación, no se deben desdeñar los efectos nocivos en la salud mental del inquiokupado; y las consecuencias físicas que estos producen.
No hace falta buscar mucho para vez casos que describen los trastornos de ansiedad y sus consequencias:
...y muchos más, como el de (otra) Mari Carmen, en donde hay amenazas de violencia:
Son tres Mari Carmenes distintas. Cualquiera diría que si una se llama Mari Carmen, mejor no ser arrendadora. Pero la verdad es que el problema está tan extendido, que es fácil encontrar casos recientes con cualquier nombre común.
Otra Mari Carmen más:
En fin, que la cosa no va bien.
Un comentario a colación: resulta frustrante la clara distribución ideológica de los medios de comunicación que publican estas noticias. Se hace muy evidente a la hora de buscar casos de inquiokupación para estos artículos. E irrita ver que ciertas facciones políticas, y sus medios alineados, ignoren los abusos que muchas de estas noticias relatan, dejando la narrativa en exclusividad a medios diametralmente opuestos.
Los medios de cualquier color que niegan un problema patente y ningunean a los afectados pierden credibilidad. Y esos afectados, las víctimas, se radicalizan. La politización del problema de la inquiokupación (y del problema aún mayor de la vivienda) es una muestra más, de muchas, de la creciente polarización; de la constante manipulación política que no busca solucionar problemas sino adquirir poder político culpando a la otra tribu. Esta tendencia se tornará insostenible, ya que genera una extrema desconfianza, tanto en la política como en los medios. Los medios deberían ser mucho más neutrales, pero eso ya es una quimera.
En nuestro caso, trataremos de mantener la política al margen, incluso teniendo en cuenta que este blog es extremadamente temático; y que el tema está demasiado politizado.
La popularidad del caso mediático de Antonio Canales puede irritar a ciertos arrendadores inquiokupados: al fin y al cabo, su deuda apenas llega a los 5.000 euros. ¡Y la mayoría son suministros!
Pero, pese a que el caso en sí mismo probablemente acabe resolviéndose por la presión mediática, no hay que restarle importancia: puesto que expone, una vez más, el problema creciente de la inquiokupación.
Su casera, de no haber acudido a los medios para visibilizar su problema, se enfrentaría a años de espera, de la frustración de un sistema judicial colapsado. “La justicia demorada es una justicia negada.” Recurriendo a los medios, además de visibilizar el problema, innegablemente llegará una resolución más rápida.
Resolución de su caso, de su problema. Pero el verdadero problema es que la mayoría de los arrendadores inquiokupados no tiene la opción de exponer a su inquiokupa al juicio de la opinión pública. Es más, muchos arrendadores inquiokupados tienen que justificar su situación, explicar que no son buitres explotadores. Se ha normalizado que el escrutinio recaiga sobre la víctima.
Y estamos hablando de pequeños arrendadores, como la casera de Canales. Esto no tiene que ver con fondos buitres, o la explotación de inquilinos con subidas de alquiler inabarcables. Se trata de respetar el contrato. Queremos empatizar con los inquilinos que sufren abusos, pero seamos claros: el problema de la vivienda no afecta sólo a una parte. Es un problema en el que los que abusan del sistema, arrendadores o arrendatarios, tienen las de ganar.
Y no debería ser así, en lo que es —supuestamente— un estado de derecho.